Um ano do segundo mandato de Dilma Rousseff
E por que os golpistas querem tira-lá
publicado
01/01/2016
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O Conversa Afiada reproduz da Telesur, em espanhol:
Un año de gobierno de Dilma Rousseff
La presidenta de Brasil enfrentó durante 2015 al poder de los medios de comunicación, los partidos de derecha, un escándalo de corrupción y los intentos de juicio político que intentan destituirla.
Hoy se cumple un año del inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff, quien fue reelecta presidenta el 27 de octubre de 2014 con el 51,64 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones generales y gobernará hasta 2019.
Rousseff obtuvo un segundo mandato tras haber logrado importantes avances en diferentes esferas como la económica y social con una importante disminución de los niveles de pobreza y un significativo crecimiento de las clases medias de la población debido, principalmente, al aumento de los puestos de trabajo y a la puesta en práctica de unas iniciativas de inclusión sin precedentes.
Pero 2015 ha sido un año duro, Brasil se enfrentó a un decrecimiento de su economía y los índices de popularidad de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cayeron avivados por una continua campaña para vincularla a ella y a altos miembros del partido gobernante, el Partido de los Trabajadores (PT), a un fraude masivo en el gigante petrolero estatal, Petrobras.
El caso de corrupción de Petrobras estalló en el 2014, y se resume en lavado de dinero y sobrefacturación de unos 10 mil millones de reales (tres mil 850 millones de dólares) en proyectos y contratos de la estatal petrolera. Ante los hechos delictivos, la presidenta Dilma Rousseff solicitó a la Justicia de su país que aplicara los correctivos respectivos, a pesar de que la empresa estaba al mando de dirigentes del PT.
El escándalo que estalló incluso antes de las elecciones del año pasado, se ha convertido en un tema recurrente en los principales medios de comunicación brasileños. A la cabeza se encuentra el conglomerado mediático Grupo Globo, que apoya abiertamente la destitución de Dilma presentando de forma destacada a diputados de la oposición.
En febrero, el director del Grupo Globo, Erick Bretas, exigió mediante una publicación de Facebook la destitución o impeachment de Dilma, lo que dejó clara la posición de Globo contra la presidenta.
El 29 de agosto, el expresidente y antiguo líder del PT, Inácio Lula da Silva, demandó a cuatro periodistas y al editor de la revista Veja por publicar un especial de primera página que lo vinculaba con el escándalo de Petrobras.
Lula fue quien dirigió la bonanza económica de Brasil desde 2003 hasta 2010, y todavía goza de bastante popularidad entre la población. El antiguo presidente ha sido un ferviente partidario de Dilma, y su influencia fue decisiva en las pasadas elecciones presidenciales.
Asimismo, un abogado también lo acusa de beneficiar a la compañía de construcción Odebrecht durante su mandato. El presidente ejecutivo de esta compañía se encuentra bajo investigación como parte del caso de fraude de Petrobras. No obstante, actualmente, el abogado que acusó a Lula está siendo investigado por no presentar pruebas convincentes que sustenten dicha acusación.
Mientras tanto, la frágil coalición del PT y el Partido de Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) es atacada por el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, un diputado evangélico que rompió sus lazos con la coalición del gobierno. El propio Cunha está siendo investigado por el escándalo de Petrobras, pero está protegido por inmunidad parlamentaria.
Los intentos de vincular a Dilma y al PT con el escándalo de Petrobras ha sido la estrategia principal usada por los partidos y políticos de derecha para justificar la destitución de la presidenta; la misma estrategia usada el año pasado para atacar a Rousseff durante la campaña presidencial.
Juicio político
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó el 2 de diciembre abrir un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Pese a la campaña mediática que se lleva a cabo en su contra y la intolerancia que se vive actualmente en el país la mandataria expresó que no cree en un Brasil fascista si no en un país donde vivan todos.
Conozca qué sigue tras la aceptación del pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff AQUÍ
¿Qué hay detrás del juicio político a Dilma Rousseff?
Una acusación por irregularidad fiscal contra la presidenta Dilma Rousseff conjuga desde el Parlamento un golpe suave para poner fin al actual gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) que, desde el mandato de Lula en 2003, ha sacado de la pobreza a más de 50 millones de brasileños.
Entre los objetivos primordiales de la oposición de acuerdo a diversos analistas, entre ellos Beto Almeida, se encuentra:
- Detener la democratización mediática
- Involucrar en diferentes crímenes al Partido de los Trabajadores (PT)
- Desacreditar a Lula da Silva para contrarrestar su popularidad, y así frenar su posible candidatura a las presidenciales de 2018
- A largo plazo: retornar a las políticas neoliberales de los Gobiernos de derecha y privatizar las empresas estatales como Petrobras
- Retirar a Brasil de la Unasur y la Celac para socavar la integración latinoamericana.
Hoy se cumple un año del inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff, quien fue reelecta presidenta el 27 de octubre de 2014 con el 51,64 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones generales y gobernará hasta 2019.
Rousseff obtuvo un segundo mandato tras haber logrado importantes avances en diferentes esferas como la económica y social con una importante disminución de los niveles de pobreza y un significativo crecimiento de las clases medias de la población debido, principalmente, al aumento de los puestos de trabajo y a la puesta en práctica de unas iniciativas de inclusión sin precedentes.
Pero 2015 ha sido un año duro, Brasil se enfrentó a un decrecimiento de su economía y los índices de popularidad de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cayeron avivados por una continua campaña para vincularla a ella y a altos miembros del partido gobernante, el Partido de los Trabajadores (PT), a un fraude masivo en el gigante petrolero estatal, Petrobras.
El caso de corrupción de Petrobras estalló en el 2014, y se resume en lavado de dinero y sobrefacturación de unos 10 mil millones de reales (tres mil 850 millones de dólares) en proyectos y contratos de la estatal petrolera. Ante los hechos delictivos, la presidenta Dilma Rousseff solicitó a la Justicia de su país que aplicara los correctivos respectivos, a pesar de que la empresa estaba al mando de dirigentes del PT.
El escándalo que estalló incluso antes de las elecciones del año pasado, se ha convertido en un tema recurrente en los principales medios de comunicación brasileños. A la cabeza se encuentra el conglomerado mediático Grupo Globo, que apoya abiertamente la destitución de Dilma presentando de forma destacada a diputados de la oposición.
En febrero, el director del Grupo Globo, Erick Bretas, exigió mediante una publicación de Facebook la destitución o impeachment de Dilma, lo que dejó clara la posición de Globo contra la presidenta.
El 29 de agosto, el expresidente y antiguo líder del PT, Inácio Lula da Silva, demandó a cuatro periodistas y al editor de la revista Veja por publicar un especial de primera página que lo vinculaba con el escándalo de Petrobras.
Lula fue quien dirigió la bonanza económica de Brasil desde 2003 hasta 2010, y todavía goza de bastante popularidad entre la población. El antiguo presidente ha sido un ferviente partidario de Dilma, y su influencia fue decisiva en las pasadas elecciones presidenciales.
Asimismo, un abogado también lo acusa de beneficiar a la compañía de construcción Odebrecht durante su mandato. El presidente ejecutivo de esta compañía se encuentra bajo investigación como parte del caso de fraude de Petrobras. No obstante, actualmente, el abogado que acusó a Lula está siendo investigado por no presentar pruebas convincentes que sustenten dicha acusación.
Mientras tanto, la frágil coalición del PT y el Partido de Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) es atacada por el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, un diputado evangélico que rompió sus lazos con la coalición del gobierno. El propio Cunha está siendo investigado por el escándalo de Petrobras, pero está protegido por inmunidad parlamentaria.
Los intentos de vincular a Dilma y al PT con el escándalo de Petrobras ha sido la estrategia principal usada por los partidos y políticos de derecha para justificar la destitución de la presidenta; la misma estrategia usada el año pasado para atacar a Rousseff durante la campaña presidencial.
Juicio político
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó el 2 de diciembre abrir un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Pese a la campaña mediática que se lleva a cabo en su contra y la intolerancia que se vive actualmente en el país la mandataria expresó que no cree en un Brasil fascista si no en un país donde vivan todos.
Conozca qué sigue tras la aceptación del pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff AQUÍ
¿Qué hay detrás del juicio político a Dilma Rousseff?
Una acusación por irregularidad fiscal contra la presidenta Dilma Rousseff conjuga desde el Parlamento un golpe suave para poner fin al actual gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) que, desde el mandato de Lula en 2003, ha sacado de la pobreza a más de 50 millones de brasileños.
Entre los objetivos primordiales de la oposición de acuerdo a diversos analistas, entre ellos Beto Almeida, se encuentra:
- Detener la democratización mediática
- Involucrar en diferentes crímenes al Partido de los Trabajadores (PT)
- Desacreditar a Lula da Silva para contrarrestar su popularidad, y así frenar su posible candidatura a las presidenciales de 2018
- A largo plazo: retornar a las políticas neoliberales de los Gobiernos de derecha y privatizar las empresas estatales como Petrobras
- Retirar a Brasil de la Unasur y la Celac para socavar la integración latinoamericana.